WASHINGTON.- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó de manera provisional al Gobierno del presidente Donald Trump a continuar cobrando el arancel global del 10 % aplicado a las importaciones, mientras se desarrolla el proceso judicial que cuestiona la legalidad de esa medida.
La decisión representa un alivio temporal para la administración republicana, que había visto debilitada parte de su estrategia comercial luego de que la Corte Suprema invalidara varios de los gravámenes impulsados por Trump durante su segundo mandato presidencial.
Los jueces determinaron que el impuesto podrá seguir vigente mientras se analiza el fondo del litigio. Dicho arancel fue establecido bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite al presidente imponer tarifas temporales de hasta un 15 % durante un período máximo de 150 días.
La controversia surgió luego de que un grupo de pequeñas empresas presentara una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York. En mayo, esa corte concluyó que la medida excedía las facultades otorgadas al mandatario por el Congreso y declaró inválidos los gravámenes.
El fallo consideró que Trump se había apartado de los límites establecidos por la legislación comercial estadounidense al aplicar los nuevos aranceles sin una autorización legislativa específica.
Tras la decisión judicial, el presidente advirtió que podría elevar las tarifas hasta un 15 % para varios socios comerciales de Estados Unidos, aunque hasta el momento el incremento no se ha materializado.
La disputa ocurre después de que la Corte Suprema determinara que la Casa Blanca no podía utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 para justificar buena parte de su política arancelaria.
Esa sentencia obligó al Gobierno federal a iniciar un proceso de devolución de aproximadamente 166 mil millones de dólares cobrados mediante aranceles posteriormente declarados ilegales.
Los llamados aranceles recíprocos impulsados por Trump tenían como propósito reducir el déficit comercial de Estados Unidos y presionar a determinados socios internacionales. Entre ellos figuraban gravámenes adicionales de 25 % a productos procedentes de México y Canadá, vinculados a los esfuerzos de Washington para combatir el tráfico de fentanilo.
Mientras continúan los recursos judiciales, el futuro de estas medidas comerciales seguirá dependiendo de las decisiones de los tribunales y de la eventual intervención del Congreso estadounidense.
