SANTO DOMINGO.– El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, afirmó este miércoles que el presidente Luis Abinader no debe intervenir en el conflicto generado por el paro convocado por jueces del país, quienes reclaman mejoras salariales y laborales.
Durante declaraciones ofrecidas en el Palacio Nacional, Subero Isa sostuvo que la situación debe resolverse mediante el diálogo entre los magistrados y el Consejo del Poder Judicial, descartando una intervención directa del mandatario.
“El presidente no va a meterse en nada, ni debe meterse en eso; yo, como consultor jurídico, mi recomendación sería que no se involucre”, expresó.
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia indicó que cualquier solución debe surgir de conversaciones entre las partes involucradas y no de decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
“Tiene que ser un fruto de un diálogo entre las partes. El presidente de la República no va a poder tomar una decisión de manera unilateral, es imposible”, agregó.
La paralización de labores judiciales está pautada para este jueves 21 de mayo y cuenta con el respaldo de más de 300 jueces, además del apoyo de la Asociación de Jueces de Paz, la Red Nacional de Jueces y el Colegio de Abogados.
Subero Isa aclaró que sus declaraciones no representan apoyo a ninguna de las partes y reiteró que únicamente aboga por una salida consensuada.
“Todo lo que yo diga se puede interpretar como que es la voz del presidente. Por lo más que puedo abogar es por un diálogo”, manifestó.
El también ex presidente de la Suprema Corte de Justicia recordó que dirigió el Consejo del Poder Judicial tras su creación en 2010, organismo que actualmente debe atender las demandas planteadas por los jueces.
El pasado 13 de mayo, representantes de la Dirección General de Carrera Judicial sostuvieron una reunión con miembros de la Asociación de Jueces de Paz en un intento por evitar la protesta, pero no se logró un acuerdo.
Mientras continúan las tensiones, el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la firma de un acuerdo de colaboración entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), enfocado en fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
