SANTO DOMINGO.– El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció este lunes que presentará una propuesta para incorporar un nuevo párrafo al artículo 173 del proyecto de modificación del nuevo Código Penal, aunque adelantó que dará a conocer el contenido de la iniciativa en una etapa posterior.
El legislador explicó que las modificaciones acogidas durante el proceso responden a planteamientos debidamente sustentados, mientras que las propuestas rechazadas serán respondidas mediante comunicaciones en las que se explicarán las razones de su no inclusión, como parte del compromiso del Congreso con la transparencia.
De los Santos indicó además que la Cámara de Diputados aún realizará algunos ajustes al proyecto antes de remitirlo al Senado, con el objetivo de que la Cámara Alta pueda conocer la pieza sin necesidad de introducir nuevas modificaciones y agilizar así su aprobación definitiva.
“Las inquietudes que estamos encontrando las estamos analizando en conjunto para que, cuando la pieza llegue al Senado de la República, no haya cambios que hacerle, sino darle el tratamiento apropiado para su aprobación y enviarla al Poder Ejecutivo”, expresó.
El presidente del Senado manifestó su confianza en que el proyecto será aprobado antes de concluir la actual legislatura, lo que permitiría que el nuevo Código Penal entre en vigencia el 3 de agosto, conforme al plazo establecido.
También aseguró que ambas cámaras legislativas mantienen un trabajo coordinado y están dispuestas a sesionar el tiempo que sea necesario para lograr la aprobación de la normativa.
¿Qué establece el artículo 173?
El artículo 173 del proyecto tipifica como delito la discriminación por motivos de sexo, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, idioma, religión, opinión política o filosófica, así como por condición social o personal.
La disposición sanciona acciones como negar bienes o servicios, impedir el ejercicio de actividades económicas, despedir a una persona, limitar oportunidades de empleo o negar el acceso a centros educativos y establecimientos comerciales por razones discriminatorias.
Las penas contempladas van de dos a tres años de prisión menor, además de multas equivalentes a entre nueve y quince salarios mínimos del sector público.
El pasado sábado, la Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto que modifica la Ley 74-25, acogiendo cambios propuestos por la comisión bicameral y por diversos sectores consultados durante el proceso.
La iniciativa será conocida este lunes en segunda discusión y, de ser aprobada, será enviada al Senado para completar el trámite legislativo antes del cierre de la presente legislatura.
