SANTO DOMINGO.- El juez Raymundo Mejía decidió enviar a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, manteniendo la acusación de homicidio involuntario y rechazando la solicitud de varios abogados que buscaban incluir la figura de dolo eventual para aumentar la gravedad de los cargos.
Durante la audiencia, el magistrado explicó que no encontró fundamentos jurídicos ni fácticos suficientes para modificar la tipificación penal propuesta por el Ministerio Público. En ese sentido, sostuvo que los elementos presentados no permiten concluir que los imputados actuaran con intención o aceptación consciente de provocar la muerte de las víctimas.
Mejía indicó que, aunque existen cuestionamientos relacionados con el estado de la infraestructura, el paso del tiempo y posibles negligencias en el mantenimiento del establecimiento, esos factores no son suficientes para configurar un caso de dolo eventual.
El juez recordó que el desplome ocurrido el 8 de abril de 2025 dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias registradas en el país. Sin embargo, enfatizó que las decisiones judiciales deben adoptarse conforme a la ley y no bajo presiones emocionales o sociales.
“La justicia no es para venganza”, expresó el magistrado al explicar que está obligado a actuar bajo los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución y las leyes dominicanas.
Uno de los argumentos centrales de su decisión fue que no resulta compatible hablar de dolo eventual en circunstancias donde incluso una de las imputadas, Maribel Espaillat, se encontraba dentro del establecimiento al momento del colapso y también resultó afectada por el derrumbe.
El juez también descartó que las sentencias presentadas por los querellantes como precedentes judiciales fueran comparables con este proceso. Según explicó, los casos utilizados como referencia involucraban conductas completamente distintas, como acciones violentas dirigidas contra personas, mientras que en este expediente se analiza la responsabilidad derivada de un desplome estructural.
Asimismo, destacó que la mayoría de los representantes legales de las víctimas respaldó la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público. De acuerdo con sus declaraciones, 42 abogados se adhirieron a la acusación por homicidio involuntario, mientras que solo 12 insistieron en la aplicación del dolo eventual.
Con esta decisión, el proceso avanzará a la etapa de juicio de fondo, donde se debatirá el nivel de responsabilidad penal de los acusados, la magnitud de la culpa atribuida, las posibles sanciones contempladas por la legislación y las indemnizaciones civiles reclamadas por las víctimas y sus familiares.
