La Junta Central Electoral (JCE) inició un procedimiento administrativo contra el Centro Económico del Cibao por la difusión de una encuesta de opinión pública antes del período establecido para la publicación de este tipo de mediciones con fines electorales.
El organismo electoral notificó mediante acto de alguacil a la firma encuestadora por la publicación, el pasado 6 de agosto, de la denominada “Encuesta de Opinión Pública Nacional”. Según la JCE, el sondeo habría incumplido las disposiciones del artículo 13 del reglamento que regula la publicación de encuestas durante los procesos electorales.
La normativa establece que la difusión de encuestas con fines electorales está restringida fuera de los períodos habilitados para la precampaña y la campaña. La precampaña correspondiente al próximo proceso electoral está prevista para comenzar el 4 de julio de 2027.
La JCE aclaró que la imputación tiene carácter provisional y que, por el momento, no representa una declaración de responsabilidad administrativa ni implica la aplicación inmediata de una sanción.
El Centro Económico del Cibao dispone de un plazo de 10 días calendario, a partir de su notificación, para presentar ante la Secretaría General de la JCE sus argumentos de defensa, documentos y demás pruebas que considere pertinentes. La empresa también tendrá acceso al expediente preparado por el órgano electoral y a las evidencias que sustentan la imputación.
Una vez concluya esta etapa y se realicen las diligencias correspondientes, la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales deberá preparar un dictamen y remitir el expediente al pleno de la JCE, que tendrá la responsabilidad de adoptar la decisión definitiva.
Entre las sanciones contempladas por el reglamento figuran la suspensión temporal del registro de la firma encuestadora por un período de seis meses a un año y, en caso de reincidencia, la cancelación definitiva.
CONTROVERSIA SOBRE EL REGLAMENTO
Las disposiciones han generado cuestionamientos desde su aprobación y han sido objeto de acciones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
ACD Media y Participación Ciudadana presentaron recursos de reconsideración alegando posibles violaciones constitucionales relacionadas con el reglamento, que entró en vigencia el 22 de mayo.
En julio, la JCE suspendió temporalmente su aplicación mientras se esperaba una decisión judicial. Posteriormente, el 23 de julio, el TSE se declaró incompetente para conocer las acciones y señaló que este tipo de controversias debía ser llevado ante el Tribunal Constitucional.
