Una jueza dictó tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir US$10,000 de una persona bajo investigación, en el marco de un operativo de entrega controlada coordinado por el Ministerio Público.
La medida fue impuesta por la magistrada Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien ordenó que el imputado cumpla la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El tribunal declaró válida la solicitud presentada por el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, junto al procurador adjunto Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Según la decisión judicial, la entrega del dinero se realizó bajo la modalidad de “entrega vigilada”, una técnica especial de investigación contemplada en la Ley 155-17, lo que permitió configurar la flagrancia al momento de concretarse la transacción.
La jueza rechazó los incidentes presentados por la defensa del imputado, incluyendo una solicitud de nulidad del proceso, al considerar que el Ministerio Público actuó conforme a la ley y con autorización judicial previa.
En su fallo, Muñiz explicó que este tipo de operaciones no requiere orden de arresto cuando se configura la flagrancia, y subrayó que el soborno figura como delito precedente dentro del marco legal de lavado de activos.
En cuanto al allanamiento realizado, el tribunal determinó que fue ejecutado en el domicilio del imputado con la debida autorización judicial, desestimando los cuestionamientos de la defensa.
Respecto al peligro de fuga, la magistrada señaló que, además de factores como domicilio fijo o arraigo social, deben evaluarse elementos como la gravedad del hecho, el daño causado y la posible pena a imponer, los cuales consideró determinantes en este caso.
El Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva, alegando la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.
De acuerdo con el expediente, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente US$200,000 a la persona investigada, monto que luego redujo a US$150,000 durante negociaciones en las que también habría solicitado un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz.
La investigación es dirigida directamente por la Procuraduría General de la República, que calificó el caso como grave y reiteró su compromiso de no tolerar actos de corrupción dentro de la institución.
La audiencia se extendió desde la tarde del martes hasta la madrugada del miércoles, y la revisión de la medida de coerción fue fijada para el 29 de junio de 2026.
