SANTO DOMINGO.– La República Dominicana inició este lunes una nueva etapa en su sistema de justicia con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una legislación que incorpora más de 70 nuevos tipos penales, endurece las sanciones para diversos delitos y sustituye una normativa con más de un siglo de vigencia.
La implementación del nuevo marco legal comienza, sin embargo, en medio de un escenario de debate jurídico, ya que el Tribunal Constitucional (TC) mantiene pendientes de decisión 15 acciones directas de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley.
El artículo 310 concentra la mayor cantidad de recursos
Aunque la legislación ya está en vigor en todo el país, el artículo 310 es el más cuestionado ante el Tribunal Constitucional.
Al menos siete de las acciones presentadas impugnan esta disposición, que tipifica el delito de ultraje en el ámbito jurisdiccional y contra servidores públicos, al sancionar expresiones, escritos, mensajes o gestos considerados ofensivos contra jueces, fiscales y otros funcionarios.
Entre los accionantes figuran el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Fundación para la Promoción de Estudios Legales (Funprel), organizaciones jurídicas y ciudadanos particulares.
Además del artículo 310, también fueron recurridas disposiciones relacionadas con discriminación, libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Ocho recursos esperan fallo
De las 15 acciones de inconstitucionalidad depositadas ante el Tribunal Constitucional, ocho ya fueron conocidas en audiencia y permanecen en estado de fallo, mientras que las siete restantes aún esperan ser conocidas por la Alta Corte.
Hasta el momento, el Tribunal Constitucional no ha emitido una decisión definitiva sobre ninguno de los recursos.
Una reforma que transforma el sistema penal
Pese a las impugnaciones, el nuevo Código Penal comenzó a regir desde este lunes en todo el territorio nacional.
La legislación incorpora delitos como el sicariato, feminicidio, genocidio, terrorismo, daños con sustancias químicas (ácido del diablo) y corrupción administrativa, entre otros.
Asimismo, establece penas acumulativas de hasta 60 años para determinados delitos graves y modifica el régimen sancionador en múltiples áreas.
Las eventuales decisiones del Tribunal Constitucional podrían afectar artículos específicos de la norma, aunque no detienen la aplicación del resto del nuevo Código Penal.
