Santo Domingo, RD.– La entrada en vigor de la Ley 30-26, aprobada como parte del plan anticrisis del Gobierno, continúa generando debate entre economistas y especialistas, quienes advierten que varias de sus disposiciones podrían encarecer el costo de vida, afectar la competitividad del país y aumentar la carga para empresas y ciudadanos.
Aunque la legislación fue presentada como una medida para impulsar el crecimiento económico, simplificar el sistema tributario y enfrentar los efectos de la crisis internacional, expertos consideran que sus efectos podrían sentirse directamente en el bolsillo de la población.
Cuestionan el aumento de impuestos
Uno de los principales puntos de discusión es el incremento del impuesto aplicado a cheques y transferencias electrónicas, que pasa de 1.5 por mil a 2.0 por mil. Aunque la ley mantiene exentas operaciones como retiros en efectivo, pagos de impuestos, seguridad social, transferencias entre cuentas del mismo titular y consumos con tarjetas de crédito, especialistas advierten que el aumento podría elevar los costos operativos de muchas empresas.
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, sostuvo que la normativa incorpora más cargas que medidas de simplificación fiscal.
Empresas y consumidores sentirían el impacto
Según Collado Di Franco, el incremento de impuestos reducirá la rentabilidad de las empresas, afectará la inversión y podría traducirse en un aumento de los precios de bienes y servicios.
El economista también advirtió que mayores costos en las transacciones financieras podrían desincentivar la bancarización y afectar especialmente a pequeños negocios y emprendimientos.
Piden una reforma tributaria integral
La economista Ellen Pérez Ducy consideró que el país no enfrenta una crisis económica que justifique una legislación de este tipo, señalando que indicadores como el crecimiento del PIB y las exportaciones muestran un desempeño positivo.
No obstante, entiende que el verdadero problema es el déficit fiscal estructural y que el país necesitará una reforma tributaria más amplia y sostenible en el futuro.
Asimismo, cuestionó el nivel del gasto público y planteó la necesidad de revisar partidas como la inversión en publicidad gubernamental antes de continuar aumentando la carga tributaria.
También señalan problemas legales y técnicos
Por su parte, el economista Luis Vargas afirmó que la Ley 30-26 carece de un diagnóstico tributario adecuado, no enfrenta problemas como la evasión fiscal y presenta inconsistencias jurídicas que, a su juicio, deberán ser revisadas.
Mientras tanto, el economista Andrés Dauhajre hijo calificó la normativa como un “dinosaurio impositivo”, criticando especialmente la aplicación de la Tasa Efectiva de Tributación (TET), al considerar que podría generar cargas desproporcionadas entre grandes empresas y pequeños negocios.
