SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) concluyó que el exdirector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Feliz García, y el coordinador de Gabinete, Winston Paulino, incurrieron en faltas éticas al disponer aportes económicos, voluntarios o forzosos, de empleados de la institución para un movimiento político.
La directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, indicó en un Informe de Investigación Especial que estas actuaciones comprometen la integridad institucional y podrían dar lugar a sanciones administrativas. En ese sentido, el organismo remitió el expediente al Ministerio de Administración Pública (MAP) para que inicie el procedimiento disciplinario correspondiente.
El informe sostiene que tanto Rafael Feliz García, quien fue destituido por el presidente Luis Abinader, como Winston Paulino utilizaron un mecanismo de recaudación dentro del ITLA en violación de la Ley 41-08 de Función Pública.
Entre las disposiciones citadas figura el artículo 80, numeral 13, que prohíbe utilizar funciones públicas para favorecer intereses partidarios, solicitar fondos con fines políticos o emplear bienes y recursos de las instituciones para esos propósitos.
Asimismo, el numeral 14 establece que ningún funcionario puede requerir, inducir u obligar a sus subordinados a participar en actividades políticas o partidistas.
El informe también hace referencia al artículo 84 de la misma ley, que considera faltas de tercer grado aquellas conductas que afecten la probidad o el buen nombre del Estado, las cuales pueden conllevar la destitución del cargo.
La investigación también cita la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que prohíbe solicitar o aceptar descuentos salariales de empleados públicos para fines políticos, aun cuando se presenten como aportes voluntarios, así como utilizar bienes o fondos públicos en beneficio de organizaciones políticas.
Según la Digeig, Winston Paulino figura como el principal responsable de la práctica denunciada y existen elementos suficientes para considerar que las actuaciones descritas son susceptibles de sanción disciplinaria administrativa.
Además, el organismo recomendó fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir este tipo de situaciones y reforzar el cumplimiento de los principios éticos en la administración pública.
El informe también señala que la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República mantiene una investigación paralela sobre aspectos técnicos y administrativos en el ITLA, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades relacionadas con los controles internos y los procesos financieros.
