SANTO DOMINGO.– El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue designado para conocer la audiencia preliminar del proceso judicial contra 14 personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una presunta red de corrupción que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.
La asignación del expediente fue realizada mediante un sorteo aleatorio computarizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, conforme al procedimiento establecido para la distribución de los casos.
Con el expediente bajo su responsabilidad, el magistrado deberá fijar la fecha de la audiencia preliminar, etapa en la que el Ministerio Público solicitará un auto de apertura a juicio contra los imputados.
Entre los principales acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste, además de otros exfuncionarios y responsables de seguridad de distintas instituciones públicas.
El expediente también incluye como imputadas a las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling SRL, señaladas por el Ministerio Público de formar parte de la estructura investigada.
Según la acusación, la red habría entregado RD$108,080,359.92 en sobornos a funcionarios y encargados de seguridad institucional para asegurar la continuidad de contratos, agilizar procesos administrativos y evitar controles o fiscalizaciones durante la ejecución de los servicios.
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el órgano acusador, el esquema habría operado entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, ejecutada en julio de 2025 con el arresto de militares y civiles vinculados presuntamente a la estructura criminal.
