La entidad recordó que la ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5 de junio de 2023, mientras que su reglamento de aplicación fue emitido más de un año después mediante el decreto 403-24, promulgado el 24 de julio de 2024.
Según la organización, entre los principales incumplimientos figuran la falta de una asignación presupuestaria específica para la ejecución de la ley, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo, la inexistencia de programas permanentes de formación profesional y la falta de una red nacional especializada de servicios.
También señaló que muchas familias continúan enfrentando dificultades para acceder a educación inclusiva, diagnósticos oportunos, terapias especializadas y otros servicios esenciales debido a los altos costos.
La Mesa de Diálogo por el Autismo recordó que en julio de 2025 el presidente Abinader anunció que se procurarían recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la implementación de la legislación durante el año 2026. Sin embargo, indicó que todavía no se conocen las partidas presupuestarias ni las acciones concretas destinadas a cumplir con ese compromiso.
La organización sostuvo que el programa SeNaSa InTEgrA ha representado un avance importante para las familias, aunque precisó que actualmente beneficia únicamente a unos 3,000 niños de hasta 10 años de edad, por lo que considera insuficiente su alcance frente a las disposiciones establecidas en la ley.
Asimismo, recordó que la Ley 34-23 asigna responsabilidades específicas a instituciones como el CONADIS, los ministerios de Salud Pública, Educación y Trabajo, además del INAIPI, CONANI, CONAPE, CAID, la Oficina Nacional de Estadística y entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La entidad reiteró su llamado a las autoridades para garantizar la aplicación efectiva de la legislación y asegurar que las personas con autismo y sus familias puedan acceder a los derechos y servicios contemplados en la normativa.
