SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió los registros de proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a negocios vinculados a 10 senadores de la República, en cumplimiento con las nuevas disposiciones establecidas por la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
La institución informó que la medida fue aplicada el pasado 19 de junio y afecta a 11 registros comerciales relacionados con legisladores, debido al régimen de inhabilidades absolutas que establece la nueva normativa para funcionarios electos y designados.
Entre los negocios suspendidos figuran empresas vinculadas a los senadores Moisés Ayala Pérez, Santiago José Zorrilla Sena, Jonhson Encarnación Díaz, Carlos Manuel Gómez Ureña, Ginnette Bournigal, Gustavo Lara Salazar, Daniel Rivera Reyes, Bernardo Alemán, Casimiro Marte Familia y Alexis Victoria Yeb.
La DGCP explicó que la Ley 47-25 eliminó la posibilidad que permitía a funcionarios de alto nivel mantener participación accionaria en empresas proveedoras del Estado, estableciendo ahora una prohibición expresa sin importar el porcentaje de participación.
Asimismo, la legislación impide que funcionarios públicos mantengan funciones de dirección, gerencia o participación en consejos de administración de compañías que contraten con instituciones estatales.
La entidad aclaró que la suspensión de los registros no constituye una sanción ni una medida punitiva contra los titulares, sino una acción preventiva y administrativa para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente.
Más funcionarios afectados
Contrataciones Públicas indicó que durante este año ha suspendido 81 registros de proveedores pertenecientes a funcionarios electos y designados tras la entrada en vigor de la nueva ley.
La institución recordó que en febrero emitió una circular otorgando un plazo para que los funcionarios comprendidos dentro de las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros, antes de proceder de oficio.
La DGCP señaló que estas acciones forman parte de los procesos de verificación y cruces de datos destinados a fortalecer la transparencia y preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.
La nueva normativa también se relaciona con las disposiciones sobre incompatibilidades establecidas en la Ley 41-08 de Función Pública, que limita la posibilidad de que servidores públicos desarrollen actividades que puedan afectar la imparcialidad de sus funciones.
