SANTO DOMINGO.– El Poder Ejecutivo puso en vigencia el Decreto No. 403-2026, mediante el cual crea el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, con el propósito de modernizar la forma en que las instituciones del Estado comparten información y ofrecer servicios públicos más eficientes, seguros e integrados.
La nueva normativa establece las reglas para el intercambio estandarizado, seguro, verificable y oportuno de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre los distintos órganos y entidades gubernamentales, además de definir los criterios para una administración más organizada de la información bajo custodia del Estado.
Entre los objetivos principales del decreto se encuentra disminuir la duplicidad de documentos y trámites que actualmente deben realizar ciudadanos, empresas y servidores públicos, permitiendo que las instituciones puedan consultar información que ya se encuentre disponible en otras dependencias estatales.
La disposición busca fortalecer la calidad de los datos públicos, impulsar servicios digitales integrados y facilitar una administración pública más conectada mediante sistemas capaces de comunicarse entre sí.
El Ministerio de Administración Pública (MAP), como órgano responsable del desarrollo del Gobierno Digital, tendrá a su cargo establecer las normas, estándares y protocolos de interoperabilidad, además de definir la arquitectura empresarial del Estado, supervisar la aplicación del marco y coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.
Mientras tanto, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) será responsable de la operación técnica del marco y de la Plataforma Única de Interoperabilidad, infraestructura destinada al intercambio de información entre las instituciones públicas.
El decreto establece que los organismos estatales deberán priorizar la transferencia de datos entre entidades para evitar que los ciudadanos tengan que presentar documentos que ya reposen en registros oficiales, reduciendo así procesos burocráticos y agilizando los servicios.
Cada institución también tendrá la obligación de mantener actualizados sus registros de información, garantizando la correcta administración, disponibilidad y uso interoperable de los datos que maneja, sin perder la responsabilidad ni el control sobre estos.
La medida será de aplicación obligatoria para los organismos de la Administración Pública Central, descentralizada, desconcentrada y autónoma, además de entidades de seguridad social y otras instituciones estatales que administren sistemas, plataformas o registros digitales.
Coordinación con la Junta Central Electoral
El decreto establece que los sistemas públicos que necesiten consultar o validar información de identidad deberán operar en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), respetando las funciones constitucionales y legales de ese organismo.
El MAP y la JCE deberán desarrollar mecanismos de colaboración para facilitar la validación de identidad y la consulta de información del Registro Civil cuando sea requerida para la prestación de servicios públicos.
La normativa también dispone que los datos obtenidos mediante estos mecanismos solo podrán utilizarse para fines legítimos y previamente establecidos, reforzando la protección de la información personal y la confianza en los servicios digitales del Estado.
Con esta disposición queda derogado el Decreto No. 92-22, emitido en febrero de 2022, que establecía el anterior Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental.
