Catorce de los quince imputados vinculados a un caso de narcotráfico, lavado de activos y decomiso de cerca de dos toneladas de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela acordaron declararse culpables tras alcanzar un convenio con el Ministerio Público.
La información fue comunicada ante la jueza suplente del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Lissa Veras, por el fiscal adjunto Miguel Collado, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Tras el anuncio, el tribunal aplazó la audiencia preliminar para el próximo 10 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, con el fin de que los acuerdos de culpabilidad sean depositados formalmente.
Durante la audiencia, el fiscal explicó que la mayoría de los imputados y sus abogados se encontraban en la Procuraduría General de la República concluyendo la firma de los convenios con el Ministerio Público.
“Los imputados y las defensas están en la Procuraduría firmando el acuerdo que ya se encuentra en su fase final”, indicó el representante del órgano acusador al solicitar el aplazamiento.
La jueza acogió la petición, tomando en cuenta que el proceso ya había sido suspendido en dos ocasiones anteriores.
Entre los imputados que negocian el acuerdo figuran Cristino Rotestan Clase, Braulio Rotestan Clase, Isidoro Rotestan Clase, Jomaiky Ureña Rotestan, Leda Margarita Clase, Estefany De La Cruz Paulino, Glorisel De La Cruz Paulino, Yamilka Paulino, Francisco Morrobel Pérez, Geyser Clismerson Castillo Mordan, Joelvis Ildefonso Montero Pérez, Johnny Casimiro Tejada y Luigui Aneudy Ureña Read, además de las empresas Elegant Records Productions, Mariscos Del Caribe Clase y Mojos.
El único acusado que no forma parte del acuerdo cumple actualmente una condena por narcotráfico en Estados Unidos y aún no ha sido extraditado a República Dominicana, por lo que su proceso será conocido de manera independiente.
Los imputados fueron arrestados durante un amplio operativo realizado de forma simultánea por aire, mar y tierra en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná.
La operación fue ejecutada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el respaldo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
Según la acusación, la organización criminal utilizaba República Dominicana como punto de tránsito para enviar grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa mediante lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras, obteniendo millonarias ganancias a través de estas operaciones ilícitas.
