NUEVA YORK.- El estado de Nueva York presentó este martes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump en defensa de varias leyes estatales relacionadas con inmigración, transparencia policial y seguridad pública, alegando que el Gobierno federal busca interferir con normativas aprobadas por las autoridades locales.
La acción legal fue presentada por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, quienes sostienen que Washington ha amenazado con impugnar una serie de medidas diseñadas para proteger a las comunidades y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Entre las disposiciones defendidas por el estado figura una ley que impide a los agentes de las fuerzas del orden ocultar sus rostros durante operativos realizados en contacto con la ciudadanía. La normativa también exige que los oficiales se identifiquen de forma visible para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Las autoridades estatales argumentan que agentes federales vinculados a operativos migratorios han participado en intervenciones utilizando mascarillas o cubriendo su identidad, una práctica que, según denuncian, genera temor entre los residentes y dificulta la identificación de los funcionarios responsables.
Como ejemplo, mencionaron un operativo realizado en el barrio de Chinatown, en Nueva York, donde agentes federales participaron en arrestos migratorios mientras mantenían ocultos sus rostros, provocando cuestionamientos por parte de residentes y organizaciones civiles.
La demanda también busca proteger una legislación que prohíbe detener personas únicamente por infracciones civiles relacionadas con inmigración y limita el uso de fondos públicos para instalaciones destinadas a retener migrantes bajo ese tipo de procesos administrativos.
De acuerdo con Hochul y James, la Administración Trump notificó recientemente su intención de llevar estas leyes ante los tribunales, lo que motivó la respuesta judicial del estado para preservar su autonomía legislativa.
Las funcionarias sostienen que los intentos del Gobierno federal violan la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual reconoce a los estados facultades para legislar sobre asuntos internos y adoptar medidas de protección para sus residentes.
El conflicto se suma a una serie de enfrentamientos entre la Casa Blanca y varios estados gobernados por demócratas respecto a políticas migratorias, cooperación con agencias federales y facultades estatales en materia de seguridad pública.
