SANTO DOMINGO. – La justicia dominicana programó para el próximo 30 de julio el inicio del juicio de fondo contra el comunicador Ángel Martínez, acusado de presunta difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La audiencia fue fijada por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional para las 9:00 de la mañana y estará a cargo de la magistrada Clara Luz Almonte, luego de que el expediente fuera asignado mediante un sorteo automatizado realizado por la presidencia de las Cámaras Penales.
El proceso judicial avanza después de que el juez Amaurys Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenara la apertura a juicio al considerar que existen elementos suficientes para que el caso sea conocido en una etapa de fondo.
La decisión acogió íntegramente la acusación presentada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), organismo que sostiene que Martínez difundió informaciones falsas y declaraciones consideradas difamatorias a través de medios digitales.
Según el expediente, las publicaciones atribuidas al comunicador habrían afectado la reputación y la imagen pública de Raful mediante señalamientos que, de acuerdo con la acusación, carecían de sustento legal y factual.
El Ministerio Público le atribuye violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, normativa que sanciona conductas relacionadas con la difusión de contenidos considerados injuriosos o difamatorios mediante plataformas tecnológicas.
Las autoridades sostienen que el propósito de las declaraciones era desacreditar públicamente a la funcionaria, motivo por el cual solicitaron que el caso fuera enviado a juicio.
El tribunal que conocerá el proceso es el mismo que anteriormente condenó a Ángel Martínez a tres meses de prisión tras hallarlo culpable de difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya, conocido como “Gory”.
Con la fijación de la fecha, el caso entra en su fase decisiva, donde las partes presentarán pruebas y argumentos para que el tribunal determine si existe responsabilidad penal por los hechos imputados.
