La iniciativa fue impulsada por la organización Marriage For All Japan, que reunió 36,001 firmas en apenas tres semanas y las presentó ante la máxima instancia judicial del país.
Durante una audiencia celebrada en el marco del Mes del Orgullo, activistas y representantes legales argumentaron que las disposiciones que impiden el matrimonio igualitario violan principios constitucionales de igualdad y derechos fundamentales.
Una de las demandantes, Machi Sakata, expresó que su familia es aceptada por su entorno social, pero lamentó que la legislación japonesa aún no reconozca legalmente su relación de pareja.
Japón es actualmente el único integrante del G7 que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque varios tribunales superiores han considerado inconstitucional la prohibición vigente, el Tribunal Supremo todavía no ha emitido una decisión definitiva sobre el tema.
La Constitución japonesa establece que el matrimonio se basa en el consentimiento mutuo entre ambos sexos, una interpretación que históricamente ha sido utilizada para limitar las uniones al modelo heterosexual.
A pesar de ello, diversas ciudades y gobiernos locales han comenzado a reconocer ciertos derechos a parejas del mismo sexo mediante figuras similares a las uniones civiles, abriendo paso a posibles cambios legislativos en el futuro.
