La decisión fue autorizada por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto y Clara Castillo, luego de la ausencia provisional de dos abogados de su equipo legal: Gustavo Biaggi y Nelys Rivas.
Rodríguez, quien también es abogado, se integró formalmente a su barra de defensa en el proceso judicial.
Defensa alega precedentes legales
El abogado Carlos Balcácer explicó que existen precedentes jurisprudenciales que permiten a un imputado asumir su autodefensa cuando posee formación jurídica.
“Hay cuatro jurisprudencias que permiten que un acusado que sea abogado pueda defenderse en el tribunal. Y eso ocurrió con el expresidente Salvador Jorge Blanco”, sostuvo Balcácer.
Según explicó, la integración de Jean Alain a su defensa responde a una división estratégica del trabajo dentro del equipo legal.
Ministerio Público rechaza decisión
El Ministerio Público se opuso a la autorización otorgada por el tribunal, argumentando que la defensa material y la defensa técnica no deben mezclarse dentro del proceso penal.
La representante del órgano acusador aseguró que la decisión constituye una interpretación errónea del Código Procesal Penal.
“El imputado no es objetivo, está movido por las pasiones propias del proceso y por tanto, la asesoría técnica siempre es indispensable e irrenunciable”, expresó.
Asimismo, sostuvo que la legislación dominicana contempla la obligatoriedad de asignar defensa pública a quienes no poseen abogados, lo que, a su juicio, demuestra que la autodefensa no sustituye la representación técnica.
Caso sigue en fase de incidentes
El proceso judicial se encuentra actualmente en fase de presentación de incidentes, donde la defensa ha sometido un total de 28 recursos.
Entre ellos figura una solicitud de nulidad de la acusación por el uso del nombre “Medusa”, alegando una decisión del Tribunal Constitucional que prohíbe al Ministerio Público utilizar motes para identificar procesos judiciales.
Jean Alain Rodríguez es acusado de presuntamente encabezar una estructura que habría defraudado al Estado con más de RD$6,000 millones mediante supuestas irregularidades durante su gestión en la Procuraduría General de la República.
