SAN JUAN DE LA MAGUANA, RD. – En una decisión que marca un hito para el movimiento ambientalista dominicano, el presidente Luis Abinader ordenó este lunes la “detención inmediata” de cualquier actividad relacionada con el polémico proyecto minero Romero. La medida se produce menos de 24 horas después de que cientos de sanjuaneros se movilizaran masivamente en rechazo a la explotación de oro en la Cordillera Central.
El peso de la Ley y el clamor popular
El mandatario fundamentó su decisión en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la cual establece que un proyecto de esta categoría no es viable si cuenta con un rechazo masivo de la población local.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar con prudencia”, manifestó Abinader a través de un mensaje en sus redes sociales.
El jefe de Estado aclaró que, durante su gestión, la iniciativa de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp solo se encontraba en fase de evaluación ambiental y que nunca existió una autorización para su explotación.
Una herencia de gestiones pasadas
En un ejercicio de transparencia, el presidente recordó que el origen del proyecto Romero no es reciente. Las concesiones de exploración fueron otorgadas originalmente en 2005 y 2010, bajo los gobiernos de Leonel Fernández, y posteriormente renovadas mediante estudios técnicos entre 2015 y 2018 durante la gestión de Danilo Medina.
El detonante: La movilización en la Presa de Sabaneta
La orden presidencial llega tras una jornada de alta tensión vivida este domingo. La multitud, que partió desde el Arco del Triunfo en una marcha-caravana, llegó hasta el muro de la Presa de Sabaneta para manifestar su temor por el impacto que la minería tendría sobre el agua y la agricultura del valle.
Pese a que la actividad concluyó con un incidente donde agentes de la Policía Nacional y el Ejército utilizaron bombas lacrimógenas y chorros de agua para dispersar a los presentes —resultando en cuatro agentes heridos y daños materiales—, el mensaje de resistencia fue contundente.
Lo que estaba en juego
El proyecto Romero pretendía explotar un yacimiento de oro, cobre y plata con reservas valoradas en unos 5,000 millones de dólares. Aunque GoldQuest argumentaba que la minería subterránea reduciría el impacto ambiental, los productores y residentes de San Juan mantuvieron su postura de que la provincia debe seguir siendo un distrito agrícola y no uno minero.
Con esta orden, el Gobierno cierra un capítulo de incertidumbre para el “Granero del Sur”, priorizando la preservación de los recursos hídricos sobre la extracción de metales preciosos.
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