SANTO DOMINGO.– Legisladores de distintas bancadas calificaron como inconstitucional el aumento salarial de un 50% que se autoaprobó el pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, asegurando que la medida representa una falta grave en el ejercicio de sus funciones.
Los congresistas explicaron que la Constitución prohíbe este tipo de decisiones cuando benefician directamente a los funcionarios en el período en curso, por lo que esperan que el órgano auditor rectifique y deje sin efecto la resolución.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, subrayó que los aumentos en instituciones extrapoder deben aplicarse para un período posterior al actual, tal como establece la Carta Magna.
Asimismo, consideró inoportuno realizar un ajuste salarial en medio de un contexto económico complejo para la población.
De su lado, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Alfonso Genao Lanza, advirtió que el pleno de la institución debe dejar sin efecto la medida “rápidamente” o enfrentar posibles consecuencias legales.
En tanto, Charlie Mariotti Jr., del Partido de la Liberación Dominicana, expresó sorpresa ante la decisión, señalando que contradice el llamado del Gobierno a asumir sacrificios ante la situación económica global.
Por su parte, la diputada Yaniris Espinal, de la Fuerza del Pueblo, criticó que el aumento beneficiara únicamente a los altos cargos, mientras empleados de menor rango habrían perdido beneficios laborales.
Posibles consecuencias legales
El aumento está contenido en la resolución ADM-2026-017, que establece nuevos criterios de compensación con efecto retroactivo a febrero.
Sin embargo, el artículo 140 de la Constitución establece que ninguna entidad pública puede incrementar la remuneración de sus directivos durante el período en el que ejercen sus funciones.
De comprobarse una violación a esta disposición, los miembros de la Cámara de Cuentas podrían enfrentar sanciones políticas, administrativas e incluso penales, incluyendo juicio político, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
