Lo que el Gobierno intenta vender como “eficiencia administrativa” es, en realidad, el conflicto de intereses más peligroso que ha enfrentado el sistema educativo dominicano en la última década. El anuncio de una “reforma integral” para salvar la fusión del Minerd y el Mescyt no es más que un intento de maquillar un proyecto que nació con un pecado original: la falta de transparencia y el hambre presupuestaria.
- El asalto al botín sagrado
No hay que ser economista para entender el trasfondo. El artículo 197 de la propuesta es el corazón del problema. Al unificar los ministerios, el 4% del PIB —esa conquista social que costó años de lucha en las calles— dejaría de ser exclusivo para las escuelas y pasaría a ser el “serrucho” para financiar las universidades.
Como bien denunció Juan Valdez, del Colectivo por la Calidad Educativa, esto es un desfinanciamiento estructural. Pretender que el mismo presupuesto que hoy no alcanza para reparar techos, comprar butacas o dignificar el almuerzo escolar, ahora tenga que cargar también con la educación superior, es una condena a muerte para la calidad de la enseñanza básica.
- Un “invento” sin sustento técnico
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, no andaba con rodeos al calificar la fusión como un “invento”. Y tiene razón. La Ley 247-12 exige que cualquier fusión estatal esté respaldada por estudios de factibilidad y diagnóstico. Sin embargo, a más de un año de que se hablara del plan, nadie ha visto el primer informe técnico que demuestre que unir estas instituciones bajará los costos o mejorará el aprendizaje.
Estamos ante una reforma “a ciegas”, diseñada en oficinas climatizadas por técnicos que parecen ignorar la crisis de aprendizaje que vive el aula dominicana.
- El peligro de la “Super-Secretaría”
La advertencia de la FINJUS y la ADRU es clara: la concentración de poder. Eliminar los consejos nacionales de educación para crear un simple “órgano consultivo” es aniquilar la gobernanza democrática.
Le estaríamos entregando las llaves de todo el sistema —desde el kínder hasta el doctorado— a una sola figura política. Esto no solo diluye las responsabilidades, sino que pone en riesgo la autonomía universitaria, convirtiendo la educación superior en un apéndice de la agenda política del Ministro de turno.
- ¿Diálogo o “allante”?
El reciente retiro del proyecto para “fortalecerlo” es la prueba de que el Gobierno chocó con la realidad. No tenían los votos, no tenían el consenso y, sobre todo, no tenían argumentos frente a una sociedad que aprendió a cuidar su 4%.
Llamarle ahora “reforma integral del ciclo de formación” es un cambio de etiqueta, pero el contenido sigue siendo el mismo: un intento de resolver un problema de caja del Estado sacrificando la especialización que requiere la educación superior y el presupuesto que necesita la preuniversitaria.
Conclusión: Si el Gobierno quiere eficiencia, que empiece por mejorar la calidad del gasto en el Minerd, no por canibalizar sus fondos. Fusionar estas instituciones sin base científica es un salto al vacío que el país no puede permitirse. El 4% no es un fondo de emergencia para cuadrar el Presupuesto Nacional; es el contrato social más importante de nuestra historia reciente, y no permitiremos que se rompa con un “borrón y cuenta nueva” administrativo.
