Santo Domingo.– Los abogados del mayor general retirado Adán Benón Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), solicitaron ante el Primer Tribunal Colegiado una sentencia absolutoria a su favor, al considerar que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad penal.
Durante sus conclusiones finales, el equipo de defensa, integrado por Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez, Jesús Ramos Ramos y Francisco Álvarez Aquino, pidió al tribunal descargar al imputado conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
Asimismo, solicitaron el levantamiento de cualquier medida de coerción personal que pese sobre el militar retirado, el rechazo del decomiso de bienes promovido por el Ministerio Público y la devolución inmediata de los bienes ocupados durante los allanamientos realizados en el proceso. También requirieron el levantamiento de oposiciones, inmovilizaciones y demás medidas de coerción real impuestas sobre su patrimonio.
En el ámbito civil, la defensa pidió que se declare inadmisible la querella con constitución en actor civil interpuesta por el Estado dominicano a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, al alegar falta de base legal y probatoria para sustentar las indemnizaciones reclamadas.
Además, solicitaron que, en caso de absolución, se condene al Estado y a la parte querellante al pago de las costas procesales, conforme al artículo 254 del Código Procesal Penal.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene su petición de 20 años de prisión y una multa equivalente a 400 salarios mínimos contra Cáceres Silvestre. La acusación lo señala como parte de una presunta red de corrupción que habría causado un perjuicio superior a RD$4,500 millones al Estado dominicano, junto a otros 47 imputados, entre personas físicas y jurídicas.
El proceso también involucra a oficiales vinculados al CUSEP, al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Entre los señalados figuran los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como el capitán de navío Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
Considerado uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes en años recientes, el juicio continúa su curso mientras el tribunal delibera sobre la responsabilidad penal de los acusados. El Ministerio Público ha solicitado condenas que oscilan entre 20, 15 y 5 años de prisión, además de multas de 400 y 200 salarios mínimos.
