SANTO DOMINGO.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este jueves la solicitud de medida de coerción presentada contra la comunicadora Claudina Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, a raíz de una querella por presuntos actos de difamación e injuria en perjuicio de la periodista Iluminada Muñoz.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será conocida por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien también deberá evaluar la solicitud del Ministerio Público para que el proceso avance hacia la apertura a juicio.
La acción judicial se origina en una querella con constitución en actor civil presentada por Muñoz en 2024, mediante sus abogados Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva. La acusación sostiene que las expresiones atribuidas a Pérez Ramírez no constituyeron un hecho aislado, sino una supuesta campaña de descrédito que se habría prolongado durante más de cinco años a través de diferentes medios y plataformas de difusión pública.
De acuerdo con la parte querellante, a partir de la denuncia el Ministerio Público inició una investigación en la que fueron recopilados distintos elementos de prueba relacionados con las publicaciones y contenidos difundidos contra la periodista.
Los abogados de Muñoz consideran que la audiencia representa una etapa importante del proceso, debido a que permitirá al tribunal examinar los fundamentos jurídicos presentados por el órgano acusador y determinar si existen méritos suficientes para continuar con el procedimiento.
La representación legal de la periodista también afirmó que Pérez Ramírez habría sido citada en varias oportunidades durante el proceso sin comparecer ante las autoridades correspondientes.
Según los abogados, esta situación reflejaría una falta de disposición para someterse al proceso judicial, mientras que las manifestaciones públicas atribuidas a la comunicadora habrían continuado.
“La justicia no puede permanecer indiferente frente a una conducta que, según los elementos incorporados al proceso, se ha prolongado durante años y que ha tenido un impacto directo sobre la honra, dignidad y reputación de nuestra representada”, expresaron los representantes legales de Muñoz.
Los abogados aclararon que la acción judicial no busca convertir el caso en una disputa personal, sino procurar una respuesta institucional dentro de las garantías establecidas para todas las partes involucradas.
Asimismo, señalaron que la finalidad de la querella es determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan conforme a las leyes dominicanas, además de procurar una reparación por los daños que, según alegan, habría sufrido la periodista.
La defensa de Muñoz también explicó que, si los tribunales determinan una reparación económica a su favor, la periodista contempla destinar los recursos correspondientes a iniciativas relacionadas con el ejercicio profesional de la comunicación y a instituciones benéficas que desarrollen programas de prevención, atención y asistencia frente al cáncer en República Dominicana.
